Cambiar una ley que lleva inamovible más de cincuenta años no iba a ser tarea fácil. Pero no puede decir el ala socialista del Gobierno de coalición que sus socios, de Consejo de Ministros y parlamentarios, no habían dado pistas sobre cómo querían que fuese la nueva norma que regule los secretos oficiales y acabe con la vigencia de un articulado que España heredó del franquismo. La propuesta, sin embargo, no ha gustado ni al socio minoritario ni a los partidos que pueden asegurar en el Congreso que la reforma salga adelante. No obstante, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confía en reconducir la situación y lograr una "mayoría parlamentaria rotunda".
El anteproyecto de ley de información clasificada aprobado este lunes establece cuatro categorías de información confidencial del Estado en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN -alto secreto, secreto, confidencial y restringido- y fija un mínimo de 50 años para guardar altos secretos, aunque podrá prorrogarse más allá en función de la sensibilidad de la información.
Además, el anteproyecto otorga al actual Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige ahora Félix Bolaños, la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, algo que, en la actualidad, está en manos del Ministerio de Defensa. De igual modo, los jueces deberán dirigirse al Tribunal Supremo para reclamar al Gobierno la desclasificación de información.
Pero la andadura de la tramitación de la nueva ley, la primera sobre secretos oficiales de la democracia, no empieza con buen pie. Es sabido que los socios de Gobierno y los parlamentarios querían reformar la norma heredada del franquismo, por lo que no discrepan en la necesidad de un nuevo texto, sino la forma que le ha dado el ala socialista del Ejecutivo. Y es que ni Unidas Podemos, ni PNV, ni EH Bildu ni Más País están de acuerdo en que los altos secretos puedan guardarse un mínimo de 50 años, sino más.
Fuentes del espacio de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición aseguran que ya han manifestado al PSOE que no están conformes con determinados aspectos del proyecto normativo, como ese periodo de medio siglo para desclasificar altos secretos, y dado que lo que se ha aprobado es un anteproyecto, tratarán de consensuar posibles mejoras de cara a la segunda vuelta, para aprobar el proyecto de ley que se enviará a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Si no, lo intentarán en el trámite de enmiendas en el Congreso.
Y es que desde el ala morada del Ejecutivo sostienen que España es una "democracia madura" y "tiene derecho a conocer su historia" a través de documentos que se mantienen clasificados. En una reciente entrevista con Europa Press, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya defendió rebajar el plazo de desclasificación de documentos reservados a un periodo de 20 ó 15 años.
Este amago de choque entre los socios de la coalición de Gobierno fue el escenario de la reunión que mantuvieron este lunes por la tarde el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y líder del espacio confederal en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, para limar asperezas. Según Moncloa, fue "muy positiva y fructífera" y sirvió "para fortalecer la coalición".
Choque con los socios antes de empezar
Los morados también consideran importante dialogar con los socios habituales del bloque de investidura para conocer su opinión y favorecer que se tramite la mejor norma posible cuando recale en el Congreso. De esta forma, aluden por ejemplo al caso del PNV, que en la Cámara Baja es el partido que más ha peleado por que se hiciera realidad una nueva ley de secretos oficiales.
Unidas Podemos no contempla otro escenario que no sea aprobar la ley de información clasificada con los socios parlamentarios de la investidura. Y esos socios tampoco están conformes con el periodo de 50 años que plantea el PSOE.
Para el PNV, uno de los socios más estables del Ejecutivo de coalición, el anteproyecto es una "buena noticia", pero "llega tarde". Y, en su opinión, es "decepcionante" al considerar "exageradamente largos" los plazos para la desclasificación de documentos, planteamiento que está "lejos" de lo que han venido proponiendo los nacionalistas vascos.
Además, el portavoz jetzale, Aitor Esteban, tiene "dudas" acerca de las posibilidades de que esta ley culmine su tramitación en la presente legislatura, de manera que reclama que "se aceleren los plazos para no desperdiciar la oportunidad de actualizar una ley franquista".
Son los mismos argumentos que ha expuesto otro de los socios más estables, Más País. "Decepcionante" y "tratar a los españoles como menores de edad" son las expresiones que ha utilizado Íñigo Errejón para definir el texto que plantean los socialistas.
Desde EH Bildu han sido incluso más duros. A su juicio, el anteproyecto no cumple "con la palabra dada ni responde a las demandas" del País Vasco. Y es que fuentes de esta formación política consultadas por Europa Press consideran que la nueva ley, si se queda tal cual está, no servirá para "conocer la verdad y buscar la justicia en los numerosos episodios que aún siguen bajo el manto de la impunidad".
Para los abertzales, "no es aceptable" que un Estado que se dice democrático no toque los principales elementos de una ley franquista que mantendrá en secreto "todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos", pues si los altos secretos pueden mantenerse así 50 años o más, aún no se desclasificarían documentos de los primeros años de la Transición.
Ante esta falta de apoyo de los socios parlamentarios y del socio minoritario de la coalición, Bolaños dijo en rueda de prensa que "respeta" los recelos, aunque confía en que al final esta norma cuente finalmente con una "mayoría parlamentaria rotunda", abriéndose a mejorar el texto durante su tramitación, ya sea en la segunda vuelta en el Consejo de Ministros o en su paso por las Cortes. Su previsión es que la norma pueda estar aprobada a finales de este año o a principios de 2023.
El PP no critica la ley, pero exige pactarla con ellos
En el otro lado del arco parlamentario, el PP es el partido que podría ponerle las cosas más fáciles al PSOE para aprobar un texto lo más parecido posible al que acaba de aprobar el Gobierno, pues ellos mismos propusieron en el Congreso ese plazo de 50 años. Fue en 2017 y ahora, de hecho, ningún dirigente popular ha dicho un no rotundo a los socialistas. Lo que reclaman es que el PSOE pacte con ellos porque consideran que las políticas de Estado deben ser consensuadas con los de Alberto Núñez Feijóo.
La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, quien además es portavoz de su partido en el Congreso, lamenta que el PSOE no les haya consultado nada en absoluto sobre este anteproyecto, por lo que ha pedido a Pedro Sánchez que se "replantee" sus estrategias y deje de negociar "única y exclusivamente con sus socios" para hablar con el PP, "que es la alternativa".
No sería la primera vez que el PP 'salva' a los socialistas en alguna votación en el Congreso. Lo hizo con la ley audiovisual el pasado mes de mayo, cuando los populares se abstuvieron y permitieron sacar adelante la norma, que estaba condenada al fracaso debido al voto negativo de los socios tanto de Gobierno como parlamentarios. Ocurrió algo parecido, por esas mismas fechas, con la Ley de Seguridad Nacional.
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